"..a esta Comisión compete mejorar las relaciones laborales..."
Canelones. El pasado 6 de diciembre, siete trabajadores municipales de la Intendencia Municipal de Canelones y tres abogados fueron recibidos por la Comisión de Legislación Laboral; en el Palacio Legislativo.
“…luego de la misma agrupamos a los compañeros que nos hicieron el aguante hasta la terminación de la misma y realizamos una asamblea informativa en la explanada del anexo al Palacio Legislativo..."
"No solo apostamos al dialogo como siempre lo hicimos désde el Año 2002 a la fecha, si no que apostamos a acercar las partes MTSS, Marcos Carambula y su equipo de trabajo conjuntamente con los Trabajadores Municipales y Todos sin esepción ya que todos cobrarán el 45% de salario y comemos de la misma olla, hay que reiterarlo SI al dialogo pero con soluciones por que esta Comuna Canaria ya sabe y está en conocimiento que perdieron el juicio tan merecido no solo para el trabajador activo si no que para el Jubilado quien su salario es muy menguado tomando en cuenta que en su cédula jubilatoria falta estos aumentos..." manifestó Wilson Gramajo.
La lectura de las actas permitirá "ver" con más claridad cual fue la intervención de la delegación.
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO (Sesión del día 6 de diciembre de 2011) (Ingresa a Sala una delegación de funcionarios de la Intendencia de Canelones) La Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida a las señoras María del Carmen Zinula y Gloria Ferreira, a los señores Horacio Lampariello, Antonio Silva, Wilson Gramajo, César Bosca y José Alberto Vallejo, y a los doctores Diego Mariño, Heber Amarillo y Diego Iglesias. SEÑOR LAMPARIELLO.- Agradezco que nos hayan recibido. Estamos representando a un grupo de cerca de dos mil funcionarios de la Intendencia de Canelones que hace ya algunos años hemos iniciado un juicio en su contra por el cobro de salarios impagos que se han ido generando a partir del año 2002. Lo que estamos reclamando a través de la vía judicial ‑no tuvimos más remedio que hacerlo por esa vía‑ es algo que se comenzó a adeudar a los funcionarios municipales en el período de la crisis del año 2002, cuando la mayoría de las Intendencias ‑como muchos de ustedes sabrán‑ entraron en procesos de crisis y no pudieron cumplir con lo acordado y pactado con los funcionarios. En el año 2005, el nivel de adeudo generaba una pérdida salarial cercana al 43,5%. A continuación, voy a hacer un "racconto" de cómo funcionaron los acuerdos salariales que tuvimos con la Intendencia de Canelones desde 1985 a la fecha, porque me parece muy importante recordarlo. Entre 1985 y 1990 ‑a la salida de la dictadura, durante el Gobierno de Tabaré Hackenbruch‑, se acordó que los salarios se pagaran de acuerdo con el aumento del IPC. Entre 1990 y 1995, se mantuvo el mismo criterio, con la siguiente salvedad. En 1992 ‑durante el Gobierno de Andujar‑, los salarios se dejaron de pagar transitoriamente de acuerdo con el IPC, lo que generó un conflicto muy importante a nivel de los funcionarios, aunque logramos revertir esa situación y que se volviera al pago de acuerdo con el IPC. Entre 1995 y 2000, logramos que el acuerdo mencionado se incluyera en la Ley de Presupuesto, cosa no menor, porque esta norma es de rango superior a los acuerdos y nos daba mayores beneficios. Entre 2000 y 2005, el acuerdo se mantuvo dentro de la Ley de Presupuesto, pero a raíz de la crisis de 2002 entramos en una situación similar a la de 1992, en la cual se dejó de pagar de acuerdo con el aumento del IPC. Esto llevó a varias negociaciones por parte de ADEOM Canelones, a través de intimaciones por la vía judicial ‑en 2002, por Ficha 416 de ese año, o en 2004, por Ficha 1682338‑ para que la Intendencia pagara esos adeudos a los trabajadores. Llegado 2005, los precandidatos del departamento de Canelones de aquella época, en una conferencia que dieron en la Criolla de Las Piedras, a la que asistieron todos sin excepción, se comprometieron a cumplir con el atraso que se tenía con los trabajadores ‑con ese 43,5%‑, incluido el Intendente electo Marcos Carámbula, quien más precisamente se comprometió a que, si resultaba electo, siete días después de asumir negociaría con los trabajadores la forma de pagar ese adeudo. Al final, Carámbula resultó electo Intendente, pero lamentablemente no cumplió con su palabra, porque no pudimos recuperar ese 43,5% que se nos adeudaba. Como los meses pasaban y los créditos laborales prescriben en un plazo no mayor a cuatro años, un grupo de alrededor de dos mil trabajadores, que incluye entre seis y diez abogados, que son los que llevan adelante todos los casos, iniciamos la correspondiente demanda ante los distintos Juzgados. Hasta el momento lo que hemos logrado es que la Intendencia no reconozca la deuda, lo cual nos ha molestado mucho. Porque hubiera sido muy fácil decir "Reconozco la deuda pero no tengo dinero para pagarla"; entonces, se podría encontrar alguna solución, que sería lo más loable, en lugar de no reconocerla directamente como se hizo en el Juzgado. En esas fechas todas las Intendencias tenían ese problema y lograron acuerdos, a excepción de Canelones. Por la vía de la negociación, lo lograron los departamentos de Maldonado, Lavalleja, Rocha, y por la vía judicial, Montevideo. Sin embargo, Canelones no lo logró por ninguna de las vías. En ninguno de los párrafos de los convenios posteriores entre ADEOM y la Intendencia se incluye la prescripción de la deuda. Entonces, cuando oigo que algún jerarca municipal dice "Hemos recuperado salarios", recuerdo que es difícil lograrlo cuando hay un piso de casi un 50% menos que cuando se hizo el acuerdo; sencillamente, no estoy recuperando salario, sigo perdiendo porque ya había perdido un 43,5%. Hoy estamos en etapas mucho más interesantes que unos años atrás. Creo que el Departamento Jurídico de la Intendencia ha asesorado muy mal al Intendente y a los altos jerarcas porque la política es llevar esto para adelante y plantear chicanas en los Juzgados tratando de evitar que los plazos se acorten. Hoy mucha gente ha fallecido, otros se han jubilado y en algunos casos continúan los juicios los herederos. Hay trabajadores que han pasado mil penurias a causa de esa pérdida salarial. En el acuerdo por ese Decreto N° 65 siempre se mencionó que debía haber disponibilidad en caja para que se pagara. Una de las defensas que utiliza la Intendencia de Marcos Carámbula es que no había disponibilidad en caja para pagar y por ello el Intendente Hackenbruch no pagó. Es hasta risueño escuchar la argumentación del Departamento Jurídico cuando defiende la postura de la Intendencia de Hackenbruch. Se pelean mucho en la televisión y en el radio pero cuando van al Juzgado utilizan argumentos similares. La Intendencia pidió que peritajes externos realizados por contadores fueran a la justicia para efectuar los cálculos correspondientes. Tengo aquí uno de los peritajes de la contadora pública María Cristina Dotta Bardier quien informó al Juez Letrado De Primera Instancia de Canelones de Segundo Turno la disponibilidad en caja mes a mes desde el 31 de enero de 2002 al 30 de setiembre de 2005 En enero de 2002 fue de más de $18:000.000, en mayo más de $3:000.000 y en setiembre más de $6:000.000. En enero de 2003 más de $4:000.000. Algunos meses fueron muy interesantes, como enero de 2004 con más de $59:000.000 o mayo de ese año con más de $29:000.000. Entonces, uno de los argumentos que utilizó la Intendencia, que era que no había disponibilidad en caja, se ve refrendado por los propios peritos que pidió la Intendencia. Hace muy poco tiempo, el 7 de setiembre de 2011, la Procuradora General de la Nación emitió un dictamen ‑que ahora está a estudio de los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo‑ que establece que el Decreto N° 65 estaba vigente cuando se firmaron los acuerdos. Y dice algo más importante aún: que los créditos anteriores no prescriben porque se firman nuevos acuerdos. Ello, por supuesto, si se debe. Esto salió hace muy poco tiempo. Entonces, me preguntarán por qué los visitamos a ustedes. Por una simple razón: hace poco más de un año pedimos ser recibidos por la Junta Departamental de Canelones y lo hicieron en régimen general, con la presencia de todos los Ediles. Entonces, tuvimos la oportunidad de expresarnos y hablar durante casi tres horas buscando ámbitos de diálogo. Sabemos que, posiblemente, las resoluciones que ustedes puedan tomar, si bien son muy importantes para nosotros no son vinculantes para la Intendencia de Canelones pero sí para los trabajadores y para la opinión pública. Nosotros buscamos diálogos. No queremos que cuando pasen dos años y las sentencias empiecen a recaer a favor de los trabajadores se diga "No podemos hacer obra porque ahora tenemos que pagar tantos millones de dólares que debemos a los trabajadores". Eso lo queremos dejar bien en claro y lo hemos dicho todas las veces que se nos ha preguntado y que hemos tenido la oportunidad de expresarlo. Por eso anduvimos todos estos caminos y vinimos a contarles la realidad que vivimos. Parece que nosotros estamos bárbaro; inclusive, cuando decimos que trabajamos en la Intendencia de Canelones nos dicen que tenemos unos sueldos fenomenales y nos comparan con otras Intendencias pero, lamentablemente, no es así. Eso no significa que no hayan mejorado los escalafones menores pero a nivel general se ha producido un gran embotellamiento y nos están debiendo lo que nos corresponde. No estamos dispuestos a que se nos quite la plata de nuestro bolsillo. También quiero dejar en claro que los dobles discursos nos molestan mucho. Cuando conseguimos que el Decreto N° 65 de la Junta Departamental fuera aprobado, lo votó la oposición de la época, que era el Frente Amplio y el Partido Nacional, y también hubo algún voto del Partido Colorado, como el del Edil Trigo de la Unión Colorada y Batllista. Actualmente, los Ediles son otros y encontramos que los que antes votaron el Decreto N° 65 hoy son miembros del Poder Ejecutivo departamental. Es el caso, por ejemplo, de la Pro Secretaria General, señora Loreley Rodríguez, y del ex Edil Garrido que ahora se está desempeñando en el área contable, que es neurálgica en todo esto. Voy a leer lo que dijo el señor Garrido cuando era Edil de la Junta Departamental a favor de los trabajadores para que se nos pague esto. "(...) que el aumento de los sueldos de los funcionarios era hasta un 100% del IPC del cuatrimestre anterior y por otro lado... que el pago de estos aumentos se harían en función de la disponibilidad. No cumpió el 100% de ninguna de las partes. Creo que interpreto bien el espíritu del cuerpo que cuando se sanciona esta forma de aumento... este cuerpo dispuso que los aumentos fuesen en enero, mayo, y setiembre. No dispuso que en enero si hay plata aumentar... el porcentaje del aumento... esta limitado por el 100% del IPC del cuatrimestre anterior...". Son este tipo de cosas las que a uno le duelen. Porque puedo tener enfrente de mí a alguien que me diga "Yo estoy en desacuerdo con el planteo. Creo que no es solucionable. Pienso distinto", y es válido, pero es muy distinto y muy doloroso que un día me digan una cosa, y otro día, otra. Esto lo planteamos en la Junta Departamental y lo hago aquí en esta mesa: le costaría muy poco dinero a la Intendencia solucionar el tema de las cédulas jubilatorias reconociéndoles a los trabajadores la deuda. Si le reconocen la deuda al funcionario que ya está jubilado, en el peor de los casos, lo que tiene que hacer es pagar los aportes correspondientes a ese período y corregir la cédula jubilatoria. Y de esos dos mil, son muchos, porque también hemos tenido gran cantidad de relevos de los funcionarios dentro de la Intendencia. O sea que nuestra preocupación no es solo por los que trabajamos y estamos en actividad, sino también por aquellos que se jubilaron, que se ganaron su salario dignamente y que hoy no lo reciben como corresponde. SEÑOR GRAMAJO.- Quiero agradecer a este Cuerpo que nos haya recibido. Comparto todo lo que dijo mi compañero Lampariello. Lo que uno ve con preocupación es que los compañeros municipales, la mayoría jubilados, se están muriendo, y lo que está atrasando este juicio es que hay que abrir la parte sucesoria; hace nueve años que los abogados vienen con esto y en esta Mesa hay gente a la que le consta que es así. En la televisión, Marcos Carámbula dice muy plácidamente que el mejor salario y el mejor bienestar del Uruguay está en Canelones. Eso es una mentira, y lo digo con mucho respeto. En Canelones, hay funcionarios municipales que se nos han matado, hay jubilados que se nos han matado; en Canelones, todavía están comiendo de a cien gramos por día de azúcar, de yerba, de fideos. Eso es lo que viven los compañeros municipales viejos. Hoy se persigue al trabajador municipal; no hay otra expresión. Ustedes dirán que es raro que ADEOM no esté sentada hoy en esta Mesa. No está porque no le conviene. No le conviene estar, porque está haciendo el mandado al patrón, y eso es feo. Pero mal mandado, porque si él se pone a pensar en este momento, ese dinero le va a faltar de su bolsillo, porque, lamentablemente, lo van a cobrar. En este momento, tenemos a un compañero que está en la Comisión Directiva de ADEOM y allí está defendiendo esta causa, solo, contra nueve personas más. Quiero agregar que no fue fácil juntar a dos mil personas, recorrer todo el departamento, llegar al Palacio Legislativo, honrarnos con la presencia de ustedes ‑uno no está preparado para estas cosas‑, por ejemplo, ver acá a Gustavo Espinosa, que era secretario de la época cuando se dio este tema; él comprenderá el dolor que sentimos todos los municipales por esta situación Reitero lo que dice mi compañero: acá no hay mucho para hablar y ya no estamos hablando de un 43%; cada día que pasa ese porcentaje aumenta más, es como una bola de nieve que puede terminar en un 80% o en un 90% del salario cuando termine el período de Marcos Carámbula. Es una Intendencia que se jactó de decir que pagaba los días 1°, pero si llaman por teléfono hoy, comprobarán que la Intendencia de Canelones es de las más atrasadas del país. Además, los funcionarios no tenemos crédito. Estamos viviendo la mejor época de Hackenbruch. La Intendencia de Canelones está atrasada ‑lo digo con nombre y apellido: soy Wilson Gramajo‑ tres meses con ANDA, tres meses con la Cooperativa de Previsión Social; con el único que está al día es con el Banco de la República, sin contar UTE, OSE y demás. No es algo antojadizo que el funcionario quiera cobrar. Cuando a mí se me descuenta de mi salario o me quedo con algo que no es mío, a eso se le llama apropiación indebida. Entonces, vamos a tener que tomar otro camino, presentarnos donde corresponde, no solo por el 43%. Por otra parte, decir que uno es funcionario municipal es como decir que uno es delincuente, sin dejar de lado que los ñoquis más grandes los tiene la Administración Carámbula. La Intendencia de Canelones tiene déficit en estos momentos, a pesar de la ayuda económica que le envió la Presidencia de la República y de la quita importante que le mandó de US$ 10:000.000, que no se ve reflejada en las calles, en los trabajadores ni en lo que tiene que ver con este tema del 43%. Yo les puedo decir ‑como decía mi compañero Lampariello‑ que el salario municipal base de un Administrativo I es el salario del año 1992, para ser más exacto, del 11 de setiembre de 1993. Ese salario es el que tiene el funcionario municipal a la fecha. Ahora, si hablamos de los cargos que puso Marcos Carámbula, sus amigos, que entraron hace seis o siete meses, ganan $ 10.000, pero la mayoría de los que estamos acá, que tenemos arriba de 25 años de trabajo, seguimos cobrando el mismo salario. Entonces, este dinero no queremos cobrarlo de vivos, como se dice en la jerga popular. El Frente Amplio prometió este dinero y ganó con esa promesa en Canelones; dijo que se iba a pagar lo adeudado llegado su momento y el municipal confió, porque pasó mucha hambre en 2002, tomando mate y comiendo tortas fritas. Muchos de los que están acá capaz que no lo saben, pero se pasó mucho calor y mucha hambre; en enero ya van a hacer diez años Aprendimos a tomar mate con la yerba quemada en el microondas y comiendo tortas fritas, a veces, pidiendo un kilo de harina a algún vecino para solventar el hambre. Teníamos la ilusión de que el Frente Amplio ganara, y me hago "mea culpa", por yo fui un gran militante del Frente Amplio. Retomando este tema, agradezco a este Cuerpo que nos haya recibido. Uno no tiene la vida comprada, pero si salen afuera, verán a muchos jubilados con la presión baja. Ellos pensaron que entrábamos acá y que salíamos con la plata, y no es así; sabemos que con esto tenemos para uno o dos años más. Nosotros también apostamos al diálogo y Marcos Carámbula lo sabe. Lo que pasa es que hoy tenemos un sindicato que le hace los mandados y no me deja llegar a decir que si Carámbula se rodea mal ‑puedo compartir con él que se rodea mal‑, también tengo que comprender que Hackenbruch estaba mal rodeado. Entonces, la culpa es de todos, pero resulta que los que pagan los platos rotos son los trabajadores, los más postergados. No podemos mandar a nuestros hijos a una escuela privada ‑el que quiera hacerlo‑, no podemos llevarlos a una sociedad médica porque el FONASA todavía no ha sido solución para el Uruguay. Además, no tenemos crédito, como ya dije. Podemos hacer una llamada telefónica y averiguarlo. ¿Dónde está ese dinero? Hoy está pagando la Intendencia de Canelones y hay más de mil funcionarios que no cobraron. ¿Saben quiénes son los que no cobraron? Los cargos de confianza, porque no hay dinero. Y el dinero está llegando de Montevideo, porque el vecino ya no le cree más a Marcos Carámbula. Digo esto porque me lo traen a colación las palabras de Horacio Lampariello: no queremos ser los responsables de que mañana el vecino diga que por culpa de los funcionarios municipales no se tapó un pozo, no se tapó un techo. No somos los culpables de los pozos, no somos culpables del estado de las calles, no somos culpables del alumbrado, no somos culpables de los alcaldes ineptos que hay por todos lados y de todos los partidos, cuando a veces falta la plata que se envía porque no llega a destino. Hay vales sin rendir en la Intendencia de Canelones, hay denuncias penales en la Junta Departamental y todo pasa por dinero. Lo más triste del caso es que acá hubo cinco compañeros destituidos a quienes se los acusó por una suma muy importante de dinero que va a tener que ser pago por esta Administración. Cuando se acusa a una persona sin pruebas, es algo muy grave. Tengo que decir ‑nobleza obliga‑ que es lamentable no tener un gran compañero que peleó por esta causa, como fue el señor Anthony Rebellato, a quien el señor Presidente tuvo el honor de conocer. Por lo tanto, apelamos a la buena voluntad de ustedes para solucionar esta situación y dejar claro que los municipales apostamos al diálogo. SEÑOR IGLESIAS.- Quiero señalar que soy uno de los abogados que lleva adelante los procesos. Nuestra idea de pedir una reunión con ustedes es la creación de una comisión, junto con la Intendencia, a efectos de buscar una solución. En setiembre de 2008, hubo un congreso de la OIT en el cual uno de los temas refería a este tipo de problemas. En ese momento, se llegó a la conclusión de que ante este tipo de problemas, se debía aplicar los convenios 95, 105 y 135, inclusive, sin mediar el tema sindical, y tener la posibilidad de crear una comisión para discutir. Basados en esa reunión de la OIT, solicitamos la colaboración de ustedes para crear una comisión tripartita, una subcomisión o lo que ustedes consideren oportuno, a los efectos de sentarnos a discutir este tema. La Intendencia planteó dos grandes columnas de defensa: la disponibilidad y el famoso convenio. Existieron diferentes peritajes y todos concluyeron en que existía y existe disponibilidad. La simple lectura del convenio no arroja nada acerca de la deuda, y desde el punto de vista técnico, el Procurador General del Estado, en un juicio en el TCA, ya ha explicado que la norma superior es el decreto de la Junta; la norma jurídica inferior es el contrato que se haga entre partes. ¿Quién prima? Sin ninguna duda, la ley y no el convenio entre partes, y más aun cuando la Intendencia interpretaría que el convenio entre partes hace olvidar las deudas existentes. Sabemos que en algunos procesos judiciales la Intendencia no concurrió a las audiencias preliminares. El hecho de no concurrir a una audiencia preliminar implica perder el juicio. Ni siquiera se discute si tiene razón o no. Si se falta a la primera audiencia, se pierde el juicio. Hay compañeros municipales que van a ganar 43,5% más que otros que desempeñan igual tarea en la misma oficina. No hay vuelta, porque al faltar a la audiencia preliminar, la consecuencia jurídica es esa. Consideramos que estamos llegando a una altura en la que tal vez después sea difícil negociar. Hace alrededor de dos años, los procesos se encuentran trancados. Cuando se inició la demanda, los grupos integrados por jubilados y funcionarios presupuestados se armaban sin importar qué actividad tenían, si era obreros o profesionales. La Intendencia se opuso y dijo que cada uno debía iniciar juicios independientes, pero la Justicia dijo que no, que se podía hacer con quien se considerara conveniente Tres años después, nos encontramos con que la Intendencia cambia su posición jurídica y realiza un informe con una Facultad de Derecho privada, en el que se establece que se junten todos los juicios. Próximamente, saldrá la sentencia de si se van a juntar o no. Como dije, nos parece que se está tornando difícil negociar y, por lo tanto, planteamos la posibilidad de sentarnos a discutir. Hacemos este pedido, porque, el día de mañana ¿cómo convencemos a estos funcionarios, a quienes se les faltó a la audiencia, que ya ganaron el 43,5%, que tienen derecho y que la Justicia les dio la razón, que tienen que perder lo que ganaron para ponerse a discutir por el beneficio de todos? Consideramos que vamos a llegar a un límite en el que será muy difícil para los abogados, para los funcionarios, para ADEOM y para la Intendencia sentarse a discutir. Pensamos que este es el momento para eso. SEÑOR SILVA.- Antes que nada, agradezco que nos hayan recibido. Quiero señalar que hace treinta años que soy funcionario de la Intendencia de Canelones y que nosotros apostamos al diálogo desde hace mucho tiempo. Hemos solicitado reuniones con todos los partidos políticos. El año pasado, concurrimos a la Junta Departamental e hicimos una exposición de más de cuatro horas, que luego se puso a votación por parte de los Ediles del departamento de Canelones, pero no se aprobó. Considero que con el sistema democrático que hoy tenemos, en nuestro país, lo que está sucediendo no es razonable ni justo, porque toda la vida se ha predicado defender al trabajador. Yo no pido que me paguen la deuda en el momento. Nosotros queremos formar una Comisión Tripartita con la Junta Departamental, con la Intendencia y los funcionarios que hoy se encuentran en litigio por este 43,5%, y hubiera sido justo y necesario sentarnos a conversar. Lamentablemente, los Ediles oficialistas se metieron debajo de la mesa para no levantar la mano y no acompañar la creación de esta comisión tripartita. SEÑOR ESPINOSA.- Esto es lo lindo que tiene la vida: nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de estar en distintos lados del mostrador, y eso nos permite analizar con serenidad algunos temas. Quiero dejar una constancia. En el pasado, en el presente y en el futuro, el reclamo de estos trabajadores es absolutamente válido y legítimo. Cuando nos tocó compartir alguna yerba, como decía el amigo Wilson Gramajo, había cientos y cientos de trabajadores haciendo una huelga de hambre por este tema. Comenzó un reclamo legítimo, quizás, en su momento, ajustado a una crisis que arrasó la Intendencia de Canelones y muchas otras, pero siempre se dejó las manos abiertas para que cada trabajador recorriera el camino legítimo y ejerciera el derecho al reclamo que le correspondía. Me llama poderosamente la atención ‑como bien decía aquí uno de los representantes‑ que un sistema democrático no permita habilitar una Comisión tripartita. Se ha defendido desde muchas tiendas este noble mecanismo de trabajo. Por otra parte, considero que ese es el camino adecuado y será un tema que debatirá internamente esta Comisión. Quizás, superando las dificultades representativas de las Juntas Departamentales se pueda lograr los ámbitos adecuados para que ese grupo tripartito se concrete a efectos de allanar el camino. La penuria que han tenido que atravesar estos trabajadores amerita que haya voluntad política de todo el Parlamento. Esto no es doble discurso, porque lo que pensamos antes, lo pensamos ahora. Sea por los motivos que sea, hubo un problema grave en Canelones y quienes pagaron los platos rotos fueron los trabajadores. Por lo tanto, apelo a la buena voluntad de la Comisión para que luego de recibir a la visita, a la que felicito por estar acá, discutamos internamente la necesidad imperiosa de resolver este tema y, fundamentalmente, crear los ámbitos de diálogo, como se están reclamando a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Intendencia, ADEOM y los representantes que están llevando adelante esta causa, que por tercera vez dejo constancia es absolutamente válida y legítima. SEÑOR GUEKDJIAN.- En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en esta Comisión. Nos han ilustrado sobre algunos temas de los que teníamos conocimiento pero no en forma tan intensa y explícita como ustedes lo han manifestado. Como decía el señor Lampariello, son dos mil funcionarios que iniciaron este proceso judicial, algunos de los cuales ya han fallecido, y sus familias y herederos han quedado con las complejidades que el proceso judicial trae. Podemos dejar de lado el proceso judicial y su complejidad, pero no los fallecimientos. Reitero que el proceso iniciado por dos mil funcionarios en el año 2002, por una diferencia de 43,5% de pérdida salarial, ha dejado algunas vidas en el camino y quiera Dios que no siga sucediendo eso. Reafirmo lo que decía el compañero Espinosa en cuanto a que es oportuno, urgente y prioritario que se trate de buscar una reunión con las autoridades de la Intendencia. No sé si será por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de esta Comisión; eso se decidirá oportunamente, pero habrá que tomar cartas en el asunto porque este proceso ya tiene muchos años y debemos evitar que tenga muchos años más. Tanto el doctor Iglesias ‑patrocinante de un grupo de trabajadores‑ como quienes fuimos trabajadores no podemos entender que un funcionario gane 43,5% más que otro. Parece absolutamente impensable. El fallecimiento de los compañeros se pudo haber dado por las edades, por las iniquidades de la vida o por los dolores que han padecido debido al proceso. La inasistencia de audiencia preliminar trae aparejada la pérdida del proceso y la sentencia inmediata de condena va a ser que pase lo que decía el doctor Iglesias, que este va a ganar 43,5% más y de aquí en adelante va a cobrar la diferencia más los incrementos que se han acumulado en los años. Esto es acumulativo; es capitalizable al interés, es decir que no se capitaliza matemáticamente sino geométricamente, ya que va capital sobre capital ajustado. O sea que quizás nos quedemos cortos con el 43,5%. Les agradecemos que estén informándonos y haciendo pública esta situación de una manera tan detallada. Por todos los medios vamos a intentar un acercamiento para que este tema se ponga arriba de la mesa y se discuta ‑como seres racionales‑ con la mejor buena voluntad. Recogiendo la intención de los miembros de esta Comisión, que se caracteriza por ser amiga del diálogo y de recorrer el país para analizar otros temas, seguramente va a asumir, acompaño la posición del señor Diputado Espinosa. Debemos decir que cuentan con nuestro modesto apoyo en aras de alcanzar una solución racionada, amistosa y amigable, hablando con los temas arriba de la mesa, como tiene que ser. SEÑOR COITIÑO.- Hemos oído atentamente el planteo que la delegación ha hecho. No somos del departamento de Canelones, no hemos seguido el proceso histórico pero, entendámonos bien: la libertad del desarrollo del proceso judicial ha sido un acto cuya responsabilidad es de cada uno de quienes han decidido recorrer ese camino. Por lo tanto, hemos tomado en cuenta que, más allá de ese proceso judicial, hay una voluntad de diálogo. La rescatamos y nos comprometemos a ayudar a que ese diálogo pueda instalarse a fin de que los distintos intereses en juego busquen ‑encontrarán o no; no sabemos‑ un punto en el cual cada uno pueda empezar a tener una respuesta. Como también se han hecho apreciaciones de tipo político por parte de la delegación y de los integrantes de la Comisión, nosotros también queremos dejar alguna constancia. En principio, las valoraciones de hechos históricos tienen puntos de origen y responsabilidades políticas para una historia que, de acuerdo a lo que ustedes mismos dicen, empieza en el año 2002. Entendamos muy bien que es muy fácil, en un Uruguay democrático, donde la ciudadanía elige a quién quiere que le gobierne, heredar responsabilidades políticas que hoy aparentemente se tomarían en un período histórico que las omite. No digo que la delegación lo haya dicho, porque el señor Lampariello lo estableció, pero acá que nadie se haga el "yo no fui". Esta es una responsabilidad colectiva de todo el sistema político, entonces nadie puede ser generoso cuando no fue generoso en el momento político e histórico que debió haber sido. No podía terminar sin decir que, como siempre lo hemos hecho en la Comisión, desde acá tendemos ‑en la medida que podamos instalarlos‑ esos puentes de diálogo, buscando que las partes sean dueñas, si hay síntesis, acuerdos o no, y lo vamos a seguir haciendo. SEÑORA MATIAUDA.- Quiero pedir disculpas a todos porque llegué tarde debido a que estaba en una reunión. De más está decir que nos hacemos eco de los problemas que nos vienen a plantear. Creo que hoy en la Intendencia de Canelones, hay funcionarios de primera y de segunda; hay una discriminación. Más que nada, quiero decir que estoy a las órdenes, que los entiendo y que creo que es tiempo de que se haga justicia con estos dos mil trabajadores y que les den lo que les corresponde. Más allá de las mochilas ‑como decía el señor Diputado‑ que vienen arrastradas desde el año 2002 no me pertenecen, debo decir que creo que es justo que se tome en cuenta la problemática de todos ellos y que es el momento porque, como lo han manifestado, muchos ya no están. SEÑOR LAMPARIELLO.- Quisiera hacer una aclaración con respecto a las palabras del señor Diputado Coitiño. Esta delegación en ningún momento va a mezclar lo político partidario con la política del bolsillo del trabajador. Una cosa es el reclamo que estamos haciendo y, otra, es la política partidaria. En esa mesa o afuera va a encontrar de todos los colores políticos y eso es lo valedero, porque vivimos en una república democrática. En mi exposición aclaré perfectamente bien que esto comenzaba en la crisis del año 2002, durante el gobierno de Hackenbruch. Sin embargo, también expliqué en cuatro o cinco oportunidades ‑lo repito por si no quedó claro‑ que nuestra gran molestia no es que no se nos pague, sino que no se nos reconozca, cuando en principio se nos dijo que teníamos derecho y que se nos pagaría. Ese es el gran dolor del funcionario municipal, y por ahí pasa el gran tema. Si mal no recuerdo, el señor Diputado Espinosa era Prosecretario General de la Intendencia Municipal de Canelones en el año 2002, cargo que hoy ocupa Loreley Rodríguez, que era una de nuestras defensoras en la Junta Departamental; hoy está del otro lado: parece que el problema es el sillón. Tengo mucho respeto por el señor Diputado, pero debo decir que le tocó estar en ese lado en ese momento. No tenían plata. ¿Qué hizo en ese momento la Intendencia Municipal de Montevideo? Arana dictó un decreto por el que se suspendía el convenio de pago. La Administración Hackenbruch no hizo nada, pero en ese momento tuvimos una ventaja: no había brazos de yeso en la Junta Departamental y por eso logramos las mayorías necesarias. Eso fue lo que me dolió encontrar en la Junta Departamental hace un año: los brazos de yeso. Los brazos de yeso me duelen porque así no funciona la democracia. Si en esa época conseguimos Ediles oficialistas del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Nacional fue porque se interiorizaron de la problemática que vivíamos los trabajadores y había un reconocimiento de lo que pasaba. Entiendo lo que dijo el señor Diputado, pero no quería dejar pasar la oportunidad para dejar el punto bien claro. Acá no hay política partidaria, sino que el trabajador debe ganar lo que le corresponde y no perder los derechos adquiridos, aunque a veces eso se complique. SEÑOR SILVA.- El señor Diputado Coitiño habló de "generosidad". No creo en la generosidad de las personas, sino en las realidades. No le pido a Carámbula que sea generoso conmigo, ni tampoco se lo pedí a Hackenbruch en su momento; generosos con mi plata, no. Sean generosos con sus bolsillos, pero no con mi plata, porque yo tuve que soportar enfermedades en mi familia y pasar mal. Carámbula y Hackenbruch no son generosos. Llevo treinta años trabajando en la Intendencia y no necesito que ningún Intendente ‑el señor Diputado Espinosa lo sabe porque nos conocemos de toda la vida‑ sea generoso, sino que me dé lo que me corresponde. SEÑOR GRAMAJO.- Hablé de la deuda de la Intendencia para que Carámbula también se ajuste el cinto, lo mismo que pedíamos en el 2002 a Hackenbruch. Si Batlle hubiera tenido la misma bonanza económica que ahora, seguramente yo sería del Partido Colorado. Con eso digo todo. Cuando hablamos de deuda, de Carámbula y de sus malos asesores, decimos que están regalando la plata. Hoy los funcionarios están sentados porque no hay plata para el gasoil. Le estamos pidiendo plata al Gobierno central, y eso lo sabe la Junta Departamental. No queremos que se nos mueran más los viejos de la Intendencia, que los están corriendo a los setenta años. Sin embargo, la ex señora de Murro, jubilada, está ocupando la Subdirección General de Hacienda y está en conocimiento de este tema. SEÑOR ESPINOSA.- Quizás los años nos pongan un poco sensibles y uno se pueda sentir aludido. No creo que exista gente que ante hechos tan dramáticos mire para un costado; este debate lo damos en cualquier lado y en cualquier momento. Sin embargo, hay situaciones que por cuestiones ajenas a la voluntad de los gobiernos de turno, arrasan un país o un departamento. Muchos hoy se golpean el pecho por este crecimiento sostenido del 7% anual; los felicito, pero las realidades son distintas. No estoy de acuerdo con eso de que "yo no fui" porque en el futuro el pueblo será el que juzgue. Creo que nuestra virtud fue haber reconocido antes y ahora que lo que están reclamando los trabajadores es válido, pertinente. No aludimos a ningún Gobierno; no forma parte de nuestro estilo. Conocemos el dolor que han padecido estos trabajadores. En aquel momento hubo mucha adversidad, y en aquel momento pedimos diálogo, pero no lo tuvimos. Lo proponemos ahora. SEÑOR OLIVERA.- Creo que no corresponde ingresar en una polémica política. Solo quiero dejar algunas constancias. El pueblo ya juzgó en Canelones, y dos veces. Como creo en la democracia, seguirá juzgando y el pueblo tendrá los elementos de valoración política que expresará cuando corresponda. Repito que a esta Comisión compete mejorar las relaciones laborales. No quiero entrar en un debate jurídico porque se hace en los Juzgados y los funcionarios han tomado los recaudos suficientes; será la Justicia que se expedirá porque las garantías existen para todos. Confío en la Justicia y los que se entienden como artilugios jurídicos existen para todos, no solo para las Intendencias ‑también para los trabajadores‑ porque los permite el sistema jurídico. Por lo tanto, no voy a valorar el comportamiento de la Justicia porque esos instrumentos están al servicio de todos los ciudadanos, al grado tal que ambas partes pueden recurrir. La Comisión procurará instalar el diálogo. Sin embargo, quiero dejar una constancia. ADEOM no asume este reclamo Tampoco emito opinión de los sindicatos y las organizaciones porque no me corresponde; ni siquiera me corresponde analizar la composición de la dirección de Canelones, que se podría analizar, pero es un debate de carácter político que no puede darse acá; tampoco corresponde a quien habla analizar cómo se eligen sus autoridades ya que forma parte del legítimo derecho de cada organización. Sin embargo, no deja de preocupar que quienes firman los convenios colectivos ‑más allá de la interpretación jurídica, en ningún momento se desconoce el reclamo que ustedes alegan es legítimo; no soy nadie para juzgar que no lo sea‑, ADEOM, no asuma el tema; lo conversaré con ADEOM en el momento que corresponda y por la vía pertinente para conocer su opinión. La opinión de ADEOM no inhibe que ustedes hagan cuanto planteo estimen conveniente, ni tampoco la falta de reconocimiento de la Intendencia. De la misma manera que no la inhibe la opinión de ADEOM, ninguna persona está impedida de hacer sus reclamos si los considera legítimos, ya sea individual o colectivamente. SEÑOR AMARILLO.- Soy uno de los asesores de los funcionarios. Quiero hacer algunas aclaraciones. Nosotros no vinimos a criticar a la Justicia ni mucho menos; vinimos a ver si de alguna manera esta Comisión puede lograr una mesa de diálogo con la Intendencia a los efectos de solucionar este problema, como lo han hecho otras Intendencias. Es muy fácil decir que la Justicia decida. Algún día la Justicia va a decidir, pero si este juicio sigue así lo va a hacer ‑todos saben bien lo que significa un juicio contra el Estado‑ dentro de seis, siete u ocho años. Con respecto a por qué ADEOM no interviene en esto ‑con nosotros hay un integrante de la Comisión Directiva de ADEOM‑, quiero aclarar algo. Si hoy los trabajadores tienen la posibilidad de estar en un Juzgado haciendo sus reclamos, fue gracias a ADEOM-Canelones que en 2004 ‑como dijo el señor Lampariello‑ promovió esta instancia ante la Junta. Llegaron a hacer una intimación judicial y en 2005, cuando asumió la nueva Administración, no sé por qué razón, ADEOM no continuó con esto. En el año 2006 los trabajadores no tuvieron otra posibilidad que ver abogados particulares para continuar con el asunto porque el juicio prescribía ya que estaban por vencer los cuatro años. Esa es la razón por la que fueron a la Justicia. Por qué ADEOM actualmente no toca el tema, lo sabrá ADEOM. No soy yo quien lo vaya a decir. Sí puedo decir que en la delegación hay un integrante de ADEOM. (Interrupciones) SEÑOR IGLESIAS.- Circunstancialmente, a comienzos de 2006, cuando se iniciaron todos los procesos ‑desconozco los motivos‑, ADEOM-Canelones no tenía personería jurídica. Entonces, si ADEOM-Canelones iniciaba el proceso judicial, probablemente faltara la legitimación activa. Es decir que ADEOM-Canelones no podía iniciar un juicio porque era nulo puesto que jurídicamente no existía. Tengo en mi poder el informe del Ministerio de Educación y Cultura del año 2006 donde dice que ADEOM-Canelones en aquel momento no existía jurídicamente porque no tenía personería jurídica. Ante esta situación, muchos funcionarios optaron por contratar abogados particulares. O sea que, más allá de las apreciaciones políticas, también pasó eso. SEÑOR GRAMAJO.- Como integrante de ADEOM durante veinte años puedo decir que como ADEOM no iba a realizar el juicio porque había firmado el convenio que mencionó el señor Diputado Olivera, se dio vía libre a los funcionarios para que lo llevaran a cabo con abogados particulares. Esto fue dicho por ADEOM en todo el país. Es más, lo trataron con el doctor Villanueva quien fue testigo en este caso y declaró a favor de los trabajadores. SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación de funcionarios de la Intendencia de Canelones. La Comisión va a deliberar y tendrá en cuenta el planteo de tratar de llegar a una tripartita. Nos comprometemos a comunicarnos en el día de hoy con ustedes. Estuve tratando de comunicarme con el Intendente Carámbula pero no fue posible y pienso que seguramente lo voy a lograr en el correr de la tarde. (Se retira de Sala la delegación de funcionarios de la Intendencia de Canelones)
2 comentarios
Eugenia -
Canario -
sigan muchachas rompanle al alma a los traidores.