"años de trabajo y hasta empresas falsas"

Generales. Dos funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS) están al borde de ser procesados en el marco de una investigación judicial por el otorgamiento de jubilaciones y pensiones truchas, dijeron a El País fuentes cercanas a la indagatoria.
Se trata de dos trabajadores del organismo previsional de dos localidades del noroeste del departamento de Canelones, que tramitaban jubilaciones con testigos falsos y otorgaban pensiones por enfermedad a personas sin que tuvieran ningún problema de salud.
Además, durante la investigación, se pudo probar que los funcionarios indagados, para realizar los trámites irregulares, le pedían dinero o apoyo a cierto sector político a quienes concurrían al BPS a realizar el trámite, dijeron las fuentes.
El caso está a cargo del juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, quienes esta semana culminaron la etapa de instrucción, por lo que en breve el expediente pasará a estudio de la representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la responsabilidad penal de los funcionarios.
Según las fuentes, a lo largo de la investigación, en la que el juez Díaz y la fiscal Ferrero interrogaron a más de 100 personas que comparecieron como indagadas y otras como testigos, se pudo probar que en esas zonas de Canelones se aprobaron decenas de jubilaciones y pensiones irregulares.
TODO FALSO. En relación a los beneficios otorgados en Canelones, el BPS llevó a cabo una investigación que concluyó que los trámites se realizaron presentando "años de trabajo y hasta empresas falsas", según explicó tiempo atrás el presidente del organismo previsional, Ernesto Murro.
El jerarca indicó que esas jubilaciones y pensiones se otorgaron con datos "parciales o totalmente falsos". Por ese motivo, el BPS, en los casos en los que se probó la existencia de una maniobra, suspendió el pago de los beneficios.
Incluso, en uno de los trámites fraudulentos se utilizó la identidad de un niño de ocho años a quien se lo hizo pasar por un empresario.
Por otro lado, meses atrás el BPS detectó una maniobra similar a la descubierta en Canelones en la ciudad de Bella Unión (Artigas) donde se otorgaron 150 jubilaciones truchas entre 2009 y 2010. El organismo presentó una denuncia ante un juez departamental.
En este caso, la maniobra consistía en utilizar formularios de empresas cerradas. También hubo situaciones en las que funcionarios del BPS adulteraron los años de trabajo de personas que no tenían la antigüedad laboral para jubilarse. Fuente: Diario El Pais